La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP de Málaga, Ana Carmen Mata, ha lamentado hoy “el duro hachazo” que la Junta de Andalucía pretende asestar al colectivo de las personas con discapacidad y ha calificado de “vergonzoso” el borrador elaborado por el SAE y que regulará los incentivos para los Centros Especiales de Empleo (CEE).
En este sentido, Mata ha informado de que esta orden, creada por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, nace con el objetivo de “recortar los incentivos para las contrataciones dentro de un sector donde el índice de exclusión social alcanza cotas altísimas, superando la tasa de desempleo en este colectivo el 60%”.
Al respecto, ha denunciado que dicho recorte “pone en peligro los 1.138 puestos de trabajo que actualmente se contabilizan en los más de 40 Centros Especiales de Empleo de la provincia de Málaga”, los cuales, como en el resto de Andalucía, “verían reducidos sus ingresos en un 25% a partir de este año, puesto que la orden presenta carácter retroactivo desde el 1 de enero”.
Del mismo modo, Mata ha señalado que los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal, relativos a agosto de 2014, apuntan que el 69,9% de las contrataciones realizadas a personas con discapacidad en la provincia durante el último ejercicio se producen en CEE, siendo Málaga y Sevilla las provincias con mayor número de convenios firmados, con 1.635 y 2.914, respectivamente. De éstos, 1.136 y 2.041, siete de cada diez, se localizaron en este tipo de instalaciones.
Asimismo, la responsable de Políticas Sociales del PP malagueño ha mostrado su rechazo a “un texto que vulneraría otro de rango superior, como es la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del 16 de octubre de 1998, que establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo y trabajo autónomo”.
“La Junta, por el contrario, pretende incluir tramos de subvenciones en función de los grados de valoración, convirtiéndose en la única comunidad autónoma en llevar a cabo tal despropósito”, ha apostillado.
Por último, Mata ha destacado que esta medida “afectaría a toda la región pero especialmente a Málaga, que se alza como la sexta provincia del país en número de contrataciones a personas discapacitadas”. “Unas buenas cifras que, una vez más, el Gobierno andaluz de Susana Díaz quiere empañar con su política de recortes a uno de los sectores más débiles de la sociedad”.