La parlamentaria andaluza por el Partido Popular de Málaga Esperanza Oña ha acusado hoy a la Junta de Andalucía de “robar el futuro” a los alumnos de las escuelas de hostelería de la región, al no autorizar el inicio del curso en la mayor parte de ellas y por las deudas acumuladas que mantiene con estos centros.
“Me pregunto cuántas personas han sido cesadas por usted a causas de estas ilegalidades –en referencia a los cursos de formación– cuántas dimisiones ha habido, a cuántas personas se ha denunciado”, ha enumerado Oña en el pleno de la Cámara autonómica, a lo que ha añadido que las víctimas son “aquellos alumnos a los que han robado su futuro”.
“Los convierten en parados, que van a ir a incrementar el índice de 62 por ciento de paro juvenil que hay en la región”, ha lamentado la parlamentaria popular, que ha denunciado que la Junta “maltrata a este colectivo, el peor tratado” por parte de las políticas del Gobierno andaluz.
En este sentido, Oña ha recordado que de los 670 alumnos de las escuelas de hostelería de la región, sólo los 40 de La Cónsula, en Málaga, han comenzado las clases, las cuales “sólo les han garantizado hasta diciembre, por lo que no saben qué pasará después de enero”. Los restantes no han podido empezar el curso.
Asimismo, la dirigente popular ha advertido de que el Gobierno andaluz adeuda las nóminas desde hace tres meses en la Cónsula, en la Fonda y en el CIO Mijas; mientras que en el caso de Cádiz esta deuda se remonta a los seis meses y a nueve en las escuelas de Baeza e Islantilla.
“¿No le da vergüenza que siendo fondos europeos no se los pueden llegar a dar porque en medio se produce la corrupción?”, ha preguntado Oña al consejero del ramo, Luciano Alonso, respecto a esta situación de impagos, que ha reclamado que se cumpla con la legalidad: “ustedes necesitan la corrupción y aseguran que sólo así podrán estudiar los alumnos, pero con la legalidad estudiarán mejor”, ha concluido.
Por su parte, Alonso no ha respondido a ninguna de las preguntas planteadas por la parlamentaria popular, por lo que no se sabe en qué situación quedan los alumnos que aún no han podido empezar las clases, y se ha remitido a un nuevo convenio que a partir de enero regirá el funcionamiento de estas escuelas que, para su financiación, deberán buscar la colaboración de privados.